La Asociación para la Defensa de la Propiedad Urbana de Madrid -PROMADRID- quiere poner en conocimiento de la opinión pública el apoyo a la declaración de intenciones contenida en el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de Marzo por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en el sentido de que en los arrendamientos de viviendas habituales es necesario un equilibrio entre las partes que impida que la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores, puesto que estos últimos en la mayoría de las ocasiones dependen de los ingresos por rentas que perciben para su propia subsistencia. En tal sentido consideramos plenamente acertado que si las circunstancias personales del arrendador no permiten poder aplazar el pago de las rentas de sus inquilinos, sean estos quienes tengan que buscar la ayuda del Estado con los mini-créditos contemplados en dicha norma.
Lo que no compartimos es la posibilidad de paralización de los procedimientos de desahucio iniciados antes de que fuese decretado el Estado de Alarma, pues obviamente los motivos que llevaron a los arrendadores a iniciar tales procesos nada tienen que ver con la crisis sanitaria que sufrimos. Tal medida puede suponer que procesos iniciados hace cinco o seis meses puedan verse paralizados durante al menos siete meses mas, lo que supondrá un gravisimo quebranto económico para los arrendadores afectados.
En situaciones como la actual hemos de ser solidarios, por supuesto, pero por los poderes públicos no puede privarse de ingresos necesarios a familias que también precisan la renta que perciben por alquileres para su propia subsistencia, puesto que en contra de lo manifestado en el RDL la vulnerabilidad de los arrendatarios sea trasladada a los arrendadores. Deberán ser los Servicios Sociales quienes cubran las necesidades de esas personas que han sido demandadas en un proceso de desahucio antes de la crisis del COVID-19, siendo injusta la solución adoptada cuya modificación solicitamos.
