Una vez más… “Los Pequeños Propietarios”

En esta situación coyuntural de alarma social y económica dimanantes de la crisis sanitaria sin precedentes que vivimos por sorpresa a nivel global, las medidas urgentes aprobadas respecto de nuestro Mercado de alquiler no hacen sino corroborar la peligrosa costumbre de cargar el peso de los problemas económicos de índole locativa sobre las ya muy castigadas espaldas de los pequeños propietarios urbanos de pisos y locales, que injustamente olvidados y abandonados a su suerte, aguantaron y siguen aguantando estoicamente 25 años después el injusto sistema de míseras rentas urbanas congeladas durante largos años hasta que por fin en 1995 entrara en vigor el 1 de enero la actual LAU 29/94 de 24 de noviembre (B.O.E. de 25 de noviembre) sobre Arrendamientos Urbanos y su nuevo sistema de actualización ínfima de las mismas hasta en diez tramos anuales.

No debemos cansarnos de repetir en todos los Foros jurídicos que esos pequeños propietarios urbanos que, a mayor abundamiento en nuestra estructura económico social representan como pilar básico el 85 % del parque arrendaticio, y así debe enfatizarse ante quienes lo obvian de forma torticera con claros intereses espurios, no pueden ser tratados en su conjunto como si fueran CÁRITAS o una ONG humanitaria obligándolos a solucionar problemas que le son propios al Gobierno con el apoyo obligado a tipo 0 de la Banca, pues resulta indubitado que sus economías domésticas dependen sobremanera del cobro de las rentas de esos pisos o locales que adquirieron con sus ahorros de muchos años después de trabajar toda su vida para poder complementar sus escasas pensiones de jubilación o viudedad, cuando no, para pagar la Residencia de la Tercera Edad donde ser atendidos con dignidad en sus últimos años al fallecer su pareja, o para ayudar a sus descendientes a que no pasen calamidades económicas básicas ante las sucesivas crisis cíclicas que venimos soportando y que han mermado, no solo el empleo en sí mismo, sino también las esperanzas y el poder adquisitivo de las nuevas generaciones.

Sentada de forma pacífica la solidaridad demostrada siempre por los pequeños propietarios urbanos para con la Sociedad y con el Mercado inmobiliario en momentos difíciles, debemos levantar la voz con firmeza en su defensa actuando todos a una bajo los principios de solidaridad, empatía, rectitud, probidad, lealtad, sobriedad, equilibrio y profesionalidad cuando de nuevo se ven vapuleados sus derechos constitucionales promoviendo, no ya despropósitos jurídicos como se ha llegado a oír esta mañana de portavoces defensores del colectivo de inquilinos llamando nada menos que a una “huelga general en el pago de rentas”, sino a mayor sorna solapada, prohibiendo imperativamente durante meses la presentación de procedimientos judiciales por impago contumaz de multitud de inquilinos desaprensivos que, sin ser valedores de ayuda por vulnerabilidad sobrevenida, aprovecharán esta situación extraordinaria y temporal para dejar de cumplir injustificadamente sus obligaciones arrendaticias, generando con ello una gran bola de nieve rodando sin control alguno pendiente abajo que sin duda alguna, golpeará con dureza las ya muy mermadas economías domésticas de los pequeños propietarios arrendadores.

¡Una vez más!

Cierto que se han establecido cauces de micro financiación tipo 0 a través del ICO con avales del Estado, por supuesto a devolver por los locatarios vulnerables inmersos en ERTES en un periodo de amortización decenal que les facilite su estabilidad y la posterior remontada, como tiene que ser bajo mi modesto criterio, ya que la Banca tiene mucho que callar y mucho que aportar en momentos críticos como el actual después de su costoso rescate, pero también es cierto que muchos otros arrendatarios que, de forma embolismática e interesada no asumirán su obligación legal de pagar aun a pesar de no haber devenido vulnerables, seguirán disfrutando los inmuebles sin entregar la libre posesión y no serán ni de lejos tan solidarios con los pequeños arrendadores necesitados, causando un daño económico descomunal a esos muchos pequeños propietarios que durante meses no podrán demandar una Tutela Judicial efectiva de los Tribunales en defensa de sus legítimos intereses jurídicos, viéndose abocados a asumir por enésima vez la “solución indirecta” de problemas sociales que no les corresponden en un Estado de Derecho fuerte.

Por último, y como puntilla, dicha situación impositiva generará a posteriori, sí o sí, un colapso procesal en todos los Juzgados de 1ª Instancia del Estado que tardará largos años en solventarse, amén de la tardanza en resolver los nuevos asuntos con eficacia jurídica, dada la ya abrumadora lentitud de actuación que les caracteriza desde hace décadas ante el cúmulo de asuntos judiciales pendientes.

Alberto Mtnez. de Lecea Muñoz
Abogado Asesor Inmobiliario
Letrado Senior Cdo. 23607 ICAM (1984)
Director Jurídico de MTNEZ. DE LECEA ABOGADOS Jefe del Servicio Jurídico de PROMADRID
(ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD URBANA DE MADRID)

Los comentarios están cerrados.