La supresión de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Madrid, llevada a cabo mediante el Decreto 17/2003 de la Comunidad de Madrid, ha supuesto la desaparición del lugar de referencia al que muchos propietarios acudíamos para resolver las dudas que se nos planteaban respecto a nuestras propiedades y ha supuesto igualmente la desaparición de sus servicios técnicos y su asesoría jurídica, a la que recurríamos cuando surgían problemas con nuestros inquilinos (falta de pago de la renta, finalización de contrato, actualización de alquileres, etc...), cuando en nuestras Comunidades de Propietarios no sabíamos como abordar determinados problemas legales, o cuando considerábamos que la administración actuaba perjudicando nuestros intereses. Para llenar el vacío que ha dejado la desaparición de la Cámara de la Propiedad Urbana, hemos creado la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA PROPIEDAD URBANA DE MADRID-PROMADRID-, una entidad sin ánimo de lucro, creada con la única y exclusiva finalidad de defender los intereses de los propietarios de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid. Nuestra asociación, al objeto de que los propietarios no nos encontremos desprotegidos, la primera medida adoptada por PROMADRID para conseguirlo ha sido contactar con los técnicos y con los Abogados y Procuradores que formaban parte de los servicios jurídicos de la extinguida Cámara de la Propiedad- considerando que los mismos son expertos especialmente cualificados en la defensa de los intereses de los propietarios de fincas urbanas- para que colaboren con nosotros, habiendo logrado que un gran número de estos profesionales se integren en nuestro proyecto.

Nuestra Asociación PROMADRID, a la que se puede incorporar todos los propietarios de viviendas, garajes y locales de la Comunidad de Madrid, así como las comunidades de propietarios radicadas en la misma, es una entidad de carácter no lucrativo que tiene como fin la defensa de los intereses de los propietarios de fincas urbanas de la Comunidad de Madrid, representándolos ante las diferentes administraciones públicas o entidades de cualquier índole, informándoles sobre las disposiciones legales que puedan afectarles y ayudándoles a resolver todas las cuestiones legales y técnicas referentes a su piso, local, plaza de garaje, solar o edificio, cuando surgen problemas con vecinos, inquilinos, otros propietarios o con organismos públicos.